La caza ilegal de animales es una práctica difícil de erradicar tras la cual se hallan intereses económicos, sobre todo por las ventas de partes del animal cazado. Cuernos, cabezas, colmillos e incluso el cuerpo entero disecado forman parte de un negocio lucrativo del que no se tienen estadísticas concretas. Al tratarse de un mercado que se mueve al margen de la ley, es complicado especificar datos. Sin embargo, sí se conocen las consecuencias que el furtivismo genera en España.
Consecuencias de la caza ilegal
Desde el sufrimiento animal por la acción de esos cazadores furtivos con total crueldad utilizando cepos de alambres, lazos, trampas o incluso venenos hasta la extinción de especies. Los problemas son múltiples porque también se ven perjudicados los que se dedican a esta actividad de forma legal, con sus licencias, respetando las temporadas de veda y sin esos daños.
En 2016, un estudio realizado por Deloitte pudo concretar por primera vez con tal profundidad que la actividad cinegética generaba 6475 millones de euros al año. Un 0,3 % del PIB en una práctica que ayuda a conservar los entornos naturales y la biodiversidad, al evitar la población excesiva de ciertos animales. Unos valores propios de este deporte que no tiene en cuenta el cazador furtivo, quien mata sin consideración alguna, poniendo en riesgo justo lo contrario: la desaparición de animales en peligro.
Por ejemplo, algunas especies amenazadas de la región mediterránea sufren bastante el furtivismo, donde se alerta de disparos sufridos en los últimos 25 años a un total de 2076 aves que no pueden ser cazadas legalmente por parte de furtivos. Este solo es un caso más de los numerosos que hay y que afectan a la muerte de mamíferos como el corzo, el rebeco o la cabra montés.
Una sentencia por furtivismo pionera
Dos principales leyes actúan contra los furtivos. Una es del artículo 334.1 del Código Penal, que establece como delito la caza de especies protegidas. La otra es del artículo 335.1, que tipifica las cazas de fauna no protegida cuando está prohibida (en tiempo de veda). No obstante, en la mayoría de ocasiones todo queda en una sanción administrativa para el cazador ilegal porque es muy complicado reunir pruebas suficientes.
Así había sucedido hasta ahora, pero el 3 de noviembre de 2020 se dictó una sentencia pionera en el Tribunal Supremocon la calificación de delito contra la protección de la fauna un caso de furtivismo en Córdoba. Los jueces consideraron que ponía en peligro el bien jurídico de la biodiversidad y debía ser penalizado con más dureza.
En definitiva, todo un logro para luchar contra la caza ilegal que tanto impacto negativo tiene en el reino animal.
